Primero fueron los mensajes de WhatsApp a la adjunta al director de elDiario.es, Esther Palomera, a la que el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso amenazó con el cierre de su medio: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”, rezaba uno de los mensajes. Unos días después, Miguel Ángel Rodríguez difundió, como indica el mismo diario, un bulo que aseguraba que unos periodistas «encapuchados» habían intentado asaltar el piso de Ayuso a la par que filtraba fotografías y la identidad de algunos reporteros de El País que, en las inmediaciones del domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, trataban de investigar si su pareja había realizado obras sin licencia.
Los ataques a la prensa se suceden por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid tras destaparse el presunto fraude fiscal cometido por la pareja de la presidenta, quien se apoya en diferentes tabloides de ultraderecha para aumentar el alcance y la difusión de los mismos. Los señalamientos y las amenazas se han convertido en el modus operandi habitual de Miguel Ángel Rodríguez, quien reconoce los mensajes y las filtraciones pero niega la gravedad de los hechos. Ayuso, por su parte, respalda la estrategia de su jefe de Gabinete.
Ante este escenario, las diferentes asociaciones de la prensa denuncian las coacciones de Rodríguez. Así lo ha hecho la Federación de Asociaciones de Prensa de España (FAPE), la cual ha criticado el comportamiento de la Comunidad de Madrid con periodistas de elDiario.es y El País. La organización asegura que las diferentes actuaciones conocidas «lo único que persiguen es intimidar a los profesionales de la información y amordazar la libertad de prensa«: «Es intolerable que se intente amedrentar a los profesionales de la información en el ejercicio de su labor, que no es otra que la de informar verazmente sobre hechos de interés público», expresa la FAPE en un comunicado.
A él se han sumado numerosas asociaciones de índole regional, como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que también exige a Miguel Ángel Rodríguez una rectificación: «Esta actitud constituye una presión intolerable que coarta la libertad de prensa y atenta contra el derecho a la información veraz de los ciudadanos que consagra la Constitución».
En la misma línea, en Reporteros Sin Fronteras (RSF) aseguran estar «escandalizados» ante «las imputaciones de delitos falsos, las maniobras de difamación, el esparcimiento de informaciones falsas y la vulneración de la protección de datos que procede, según denuncian los medios afectados, desde la Comunidad de Madrid contra periodistas cuyas investigaciones les resultan molestas». Asimismo, la organización ha recordado que «identificarse como periodista de un medio y preguntar a vecinos y comerciantes para elaborar una información es una práctica absolutamente habitual y acorde con cualquier código deontológico de la profesión».
Desde el inicio, Miguel Ángel Rodríguez ha enmarcado las amenazas a elDiario.es en una supuesta relación de amistad con la adjunta al director de dicho medio de comunicación, algo que la propia directiva ha negado. Por su parte, ha asegurado que la difusión de datos y fotografías de los reporteros de El País se realizó en un contexto de cercanía personal con otros periodistas, si bien su identidad acabó siendo publicada en diferentes tabloides, lo cuales atribuyeron la falsa información a fuentes de la Comunidad de Madrid. Una total falta de ética periodística al no contrastar esos mensajes enviados por el jefe de Gabinete de Díaz Ayuso.
Las mentiras han sido incluso replicadas por el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien ha asegurado a través de X que diferentes periodistas han acosado a «vecinos, niños incluidos» y que otros «periodistas tapados» han tratado de «colarse en casas ajenas».
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